La última decisión judicial, emitida este 3 de septiembre, establece que Google no está obligado a vender Chrome.

El juez federal Amit P. Mehta dictaminó que Google no tiene la obligación de vender ni su navegador Chrome ni su sistema operativo Android, al considerar que ese remedio sería “excesivo, desordenado y de alto riesgo”.

En cambio, Google dejará de permitir contratos exclusivos que consolidaban su posición dominante, por ejemplo, en Chrome, Assistant, Gemini o acuerdos de preinstalación.

Asimismo, estará obligado a compartir ciertos datos de búsqueda (como interacciones de usuarios e índices de búsqueda) con competidores como Bing o DuckDuckGo.

Tras el fallo, las acciones de Alphabet (Google) subieron aproximadamente un 7 %, mientras que Apple registró una subida del 3 %, ya que mantiene intacto su lucrativo acuerdo como motor de búsqueda predeterminado.

La decisión también subraya el rol emergente de la inteligencia artificial (IA) como fuerza competitiva. Al compartir sus datos, Google podría facilitar que otras empresas desarrollen navegadores, motores de búsqueda o chatbots más competitivos, aunque su adopción podría llevar tiempo. Según los analistas, este mandato representa un riesgo a largo plazo para Google, aunque no inmediato.

Este litigio comenzó en 2020 con una acusación formal del Departamento de Justicia de EE. UU., que en agosto de 2024 ya había declarado que Google mantenía un monopolio ilegal en los mercados de búsqueda y publicidad. Tras ese veredicto, se abrió la fase de remedios. En noviembre de 2024, el Gobierno propuso medidas ambiciosas como la venta de Chrome, la reestructuración de Android y la compartición amplia de datos; sin embargo, el juez finalmente optó por un enfoque más equilibrado.

El fallo entrará en vigor a lo largo de los próximos años, aunque Google ya ha anunciado que apelará, lo que podría prolongar la implementación de las medidas.

El Departamento de Justicia y los estados promotores del caso aún evalúan si esta decisión es suficiente o si presentarán apelaciones. Por otro lado, el fallo también evita la necesidad de imponer una estructura de supervisores tecnológicos —como sí ocurrió en casos anteriores como el de Microsoft—, aunque establece límites firmes para los próximos seis años.